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Boletín de prensa 2 de mayo de 2011
EL TIEMPO
SE ABRE DEBATE PARA DAR BENEFICIOS A MILITARES PROCESADOS
Partidos, dispuestos a discutir penas alternativas para uniformados.
En la agenda del Congreso para la próxima legislatura quedó planillado uno de los temas más polémicos de los últimos años: la conveniencia de penas alternativas para militares que hoy están procesados por la justicia ordinaria.
Este fin de semana, ante la dura condena contra el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales por los hechos del Palacio de Justicia, el presidente Santos anunció que le pedirá al Congreso "repensar" un modelo penal que calificó como "injusto".
"Deja un sabor amargo que a un general que le entregó toda su vida a la defensa de la Patria, que no tuvo relación directa con supuestos crímenes, lo condenen a 35 años, cuando verdaderos delincuentes que torturaron, que sometieron a los colombianos a situaciones horrorosas, quedan libres después de cinco u ocho años", dijo Santos.
El Presidente -que fue criticado por Asonal Judicial por sus reparos sobre el fallo contra Arias- fue más allá de la polémica por los beneficios penales y legales que recibieron hace 20 años los miembros del M-19, guerrilla que asaltó el Palacio, y aludió a las penas de la Ley de Justicia y Paz, por las que paramilitares y guerrilleros que cometieron crímenes atroces no van a pagar más de 8 años de prisión.
En el 2005, cuando el Congreso aprobó esa ley, quedó expresa la prohibición de darles a los militares que colaboraron con los 'paras' algún tipo de beneficio penal. Pero un lustro después, con la polémica generada por las históricas condenas impuestas a dos oficiales por los desaparecidos del Palacio, revive el debate.
La justicia acaba de condenar a nueve años al 'Loco Harold', que fue segundo de la banda del narcoparamilitar 'Cuchillo' y que ni siquiera está en Justicia y Paz, porque volvió a la ilegalidad después de haberse desmovilizado. Varios sectores cuestionan que, mientras tanto, el general Jaime Humberto Uscátegui enfrente 40 años de prisión por omisión de las tropas frente a la masacre de Mapiripán, cometida por 'paras' de 'Cuchillo' y Carlos Castaño.
Dos visiones, un proyecto
El ex candidato Gustavo Petro, que fue jefe en el M-19, no sólo es partidario de abrir la discusión sino que plantea "una ley de Justicia y Paz para militares responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad". Petro, dice que debe haber una pena alternativa o rebaja de penas a cambio de verdad.
El partido de la 'U', por su lado, analiza una norma que beneficie a "combatientes legales e ilegales". Juan Lozano, su presidente, dice que "es necesario explorar fórmulas a la luz de la Constitución y del derecho internacional, que sean equitativas y que no desestimulen a quienes luchan por la justicia y por el bien del país".
El senador liberal Juan Manuel Galán considera, por el contrario, que la justicia no debe hacer concesiones: "Quienes sean responsables de crímenes de lesa humanidad, sean guerrilleros, 'paras', bacrim, policías, militares o políticos, tienen que responder".
'Que el M-19 pida perdón'
Propuesta de Diego Arias, de la CNRR en el Valle.
Diego Arias, coordinador de la Comisión Nacional de Reparación en el Valle y ex asesor de Paz, planteó la conveniencia de que el M-19 "responda moral y éticamen- te por los hechos del Palacio" y les pida perdón al país y a las víctimas. Arias dice que los militares procesados deberían tener tratamiento equitativo, previo reconoci- miento de que en esa opera- ción hubo actos ilegales.
Voces
Alfonso Prada
Vocero del Partido Verde en la Cámara
Es necesario revisar el tema, pensar incluso en una Comisión de la Verdad para el conflicto y en un momento de punto final.
Eduardo Cifuentes
Ex magistrado y decano de derecho
El debate sobre la dosificación de las penas es conveniente, pues hay inequidades. Pero las penas alternativas, todas, son altamente inconvenientes.
Roy Barreras
Vocero del Partido de la U en el Senado
Lo que el país necesita es una ley para los combatientes legales e ilegales. Esta será una bandera de 'la U' para la próxima legislatura".
Telésforo Pedraza
Vocero del Partido Conservador
"Estamos completamente de acuerdo con el presidente Santos y, partiendo de la base del respeto a las decisiones judiciales, vamos a acompañar el debate para que haya una mayor equidad en estos asuntos".
EL RACISMO TENDRÍA CASTIGO PENAL
El ministro de Justicia anunció que trabaja en un proyecto de ley para este fin.
Crear "un tipo penal independiente" para castigar con "severidad" el racismo, propuso el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
El funcionario anunció que su cartera trabajará en el borrador de un proyecto de ley que se presenará al Congreso con el que se pretende castigar el racismo en Colombia.
"Queremos que se penalice una conducta abominable que sigue teniendo lugar en Colombia", explicó el ministro Vargas Lleras.
De igual forma, el funcionario se comprometió a que la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior trabaje con la Subcomisión Jurídica y de Derechos Humanos de la Comisión Consultiva Nacional "el borrador del proyecto de ley estatutaria de inclusión para las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras".
Actualmente, el Legislativo estudia un proyecto de ley en el mismo sentido que presentó el senador del Movimiento Mira Carlos Baena.
De acuerdo con esta iniciativa, a la que le faltan los dos debates reglamentarios en la Cámara de Representantes, los actos racistas o discriminatorios contra las comunidades afro serían castigados con penas entre 1 y 3 años de cárcel y con multas de más de 7 millones de pesos.
Según un informe de la Comisión Intersectorial Afrocolombiana, el ochenta por ciento de las negritudes vive por debajo de la línea de pobreza absoluta, y el 75 por ciento recibe salarios inferiores al mínimo.
CAE INHABILIDAD A FAMILIARES DE CONGRESISTAS PARA ASPIRAR A ALCALDÍAS
Los artículos 15 y 16 del estatuto anticorrupción fueron eliminados del proyecto de ley.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó anoche 8 artículos más de la iniciativa, que cumple su último debate en esa corporación.
De acuerdo con los artículos eliminados, los familiares de los senadores o de los representantes a la Cámara no podían inscribirse para ser elegidos como alcaldes o gobernadores.
Este hecho generó que, al comienzo del último trámite del proyecto de ley, se declararan impedidos para votar la iniciativa 9 congresistas, a quienes la plenaria les negó esta inhabilidad.
Anoche, tras un largo debate sobre el tema, los representantes votaron por la eliminación de esta prohibición.
Igualmente fue aprobado el artículo 22 de la iniciativa, el cual castiga la mala utilización de información privilegiada en empresas privadas con penas entre 4 y 10 años.
De acuerdo con el presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, el martes de la próxima semana se citará a la plenaria para estudiar, como tema único, el resto del estatuto anticorrupción, al cual le quedan aún 38 artículos por aprobar, los cuales deben ser conciliados por una subcomisión que se nombró para ello.
PENA CONTRA ARIAS CABRALES, LA MÁS ALTA EN CASO DE PALACIO DE JUSTICIA
El general (r) Jesús Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por los hechos de 1985.
A los 75 años y un cuarto de siglo después de los hechos, el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales se convirtió este viernes en el oficial de más alto rango condenado por el caso del Palacio de Justicia.
Arias Cabrales, que lleva casi tres años detenido en la Escuela de Infantería de Bogotá, deberá pagar 35 años de cárcel por decisión de la jueza María Cristina Trejos, quien además ordenó investigar si Luis Otero, uno de los jefes del comando del M-19 que asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, sobrevivió a la toma y luego fue detenido y asesinado.
El general era el comandante de la Brigada 13 de Bogotá y, como tal, era el jefe de todas las unidades militares que participaron en la recuperación del edificio y en el manejo de las personas que sobrevivieron a los combates y al incendio del 6 y 7 de noviembre de 1985. Once de ellas -diez empleados de la cafetería y una guerrillera- siguen desaparecidas 25 años después del holocausto.
La sentencia -que es de primera instancia y por lo tanto puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá- señala que el oficial retirado no solo coordinó las operaciones militares sino que estuvo en todo momento informado de lo que pasaba en la Casa del Florero. Hasta allí fueron conducidas todas las personas que salieron vivas del palacio, entre ellos los once desaparecidos.(Lea más noticias sobre el Palacio de Justicia)
En su contra jugaron las versiones de varios testigos de los hechos y de militares de la época, que aseguran que al menos dos de los desaparecidos fueron torturados y asesinados en la Escuela de Caballería. Son las mismas versiones que dieron pie a la condena del 2009 contra el coronel Alfonso Plazas Vega, quien dirigió la retoma.
También fueron claves las grabaciones que por casualidad realizó en los dos días de los hechos un radioaficionado en Bogotá, en las que Arias Cabrales y otros altos oficiales hablan sobre la operación.
"Esperemos que si esté la manga no aparezca el chaleco", se oye en una de esas grabaciones. Si bien en ella no intervino Arias Cabrales ('Arcano 6'), la sentencia señala que los dos oficiales que allí hablaban le reportaban al entonces Comandante de la Brigada 13.
Según la sentencia, "las comunicaciones de radioaficionado resultan demostrativas de que más allá de la misión que le fue encomendada, el general Arias optó, durante y después del operativo, por modificar la escena de los hechos y manipular indebidamente los cadáveres, a sabiendas de las consecuencias que ello traería para posteriores investigaciones".
Y agrega que con ello se contribuyó a crear una sombra de duda sobre las desapariciones, pues varios de los militares procesados sostienen que los desaparecidos habrían muerto en medio de los combates o en el incendio, y no pudieron ser identificados.
A lo largo del proceso, Arias Cabrales ha sostenido que la responsabilidad en el manejo de los sobrevivientes fue del coronel Edilberto Rubiano, que era el jefe de Inteligencia de la Brigada y estuvo en la Casa del Florero coordinando los primeros interrogatorios. Él también está acusado por las desapariciones.
El fallo dice que Arias Cabrales se enteraba minuto a minuto de lo que allí acontecía y que "dio la orden de buscar información -bien por iniciativa propia o por disposición de sus superiores- sin importar los métodos utilizados para tal fin".
Arias Cabrales fue destituido por la Procuraduría de Alfonso Gómez Méndez en 1990. En este proceso penal, la Procuraduría pidió la absolución del general (r.).
Militares procesados
Cr. Alfonso plazas vega
Cdte. de escuela artillería
Primer condenado por los desaparecidos del Palacio. La sentencia a 30 años fue apelada ante el Tribunal.
Cr. edilberto sánchez
Cdte. inteligencia de la brigada 13
Recibía órdenes de Arias. Está en juicio y es de los oficiales más cuestionados por haber manejado los interrogatorios.
GR. iván ramírez
Jefe del comando de inteligencia
Está preso hace dos años. Lo acusaron por la desaparición de Irma Franco, guerrillera del M-19.
GR. Carlos Fracica
Jefe operaciones de artillería
Cr. edilberto sánchez
Enfrenta un proceso por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán. La víctima habría salido viva del Palacio.
La defensa del general
Durante la operación de retoma del Palacio de Justicia, el general Arias Cabrales, quien era el comandante de la Brigada 13 del Ejército, aparece como Arcano 6, nombre que utilizó durante las radiocomunicaciones.
Luego de los hechos, el general fue nombrado como Inspector General del Ejército, y estuvo a cargo de la seguridad de Juan Pablo II, durante la visita que hizo a Colombia en 1986.
La defensa del general Arias dice, en el proceso, que en el caso de 10 desaparecidos "no existe duda de que estos perecieron el 6 de noviembre de 1985 en el cuarto piso del Palacio, a donde fueron llevados después de ser secuestrados por los insurgentes del M-19".
También descalifica las declaraciones dadas por Édgar Villamizar, uno de los testigos claves de la Fiscalía. "No es creíble que este uniformado se haya convertido en el único miembro de la Fuerza Pública que supo de la toma subversiva antes de su ocurrencia (...) y que observó la inhumación de los cuerpos en la Escuela de Caballería".
Además, señala que las interceptaciones de las conversaciones de militares, hechas por radioaficionados, son ilegales y no deben ser tenidas en cuenta en el proceso.
EL ESPECTADOR
LA INICIATIVA ES DEL SENADOR MAURICIO OSPINA
PROPONEN CÁRCEL POR NEGAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD
El legislador busca penalizar al personal médico y administrativo que se niegue a atender a los pacientes. Sin ser radicado, el proyecto ya es objeto de reparos: debe dirigirse a las EPS, no a los médicos.
Las EPS son investigadas por un supuesto acuerdo para negarles el servicio a los usuarios del sistema.
EPS, investigadas
En momentos en que 14 Empresas Promotoras de Salud y Acemi, gremio que agrupa a las más importantes EPS del país, vuelven a estar en el ojo del huracán, esta vez por un supuesto acuerdo entre ellas para negar a sus usuarios la prestación de servicios y procedimientos médicos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), un proyecto de ley que promete levantar ampolla hace carrera en el Congreso de la República.
Se trata de una iniciativa del senador Mauricio Ospina (Polo Democrático), quien propone incluir en el Código Penal dos artículos encaminados a penalizar al personal médico o al funcionario que sin justa causa niegue la prestación del servicio de salud y el suministro de medicamentos incluidos en el POS. “Es sumamente grave que 14 EPS que congregan el 87% de la población colombiana en sus servicios se confabulen para, por ejemplo, no atender a un niño con hidrocefalia o a un paciente con cáncer. Eso es un crimen y debe ser considerado como un delito de lesa humanidad”, advierte el legislador.
Lo anterior, pese a que la jurisprudencia constitucional señala que el acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es un derecho fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela, herramienta jurídica que en 2009 se tradujo en la presentación de 100.490 solicitudes a los jueces invocando la protección del derecho a la salud, lo cual representó el 27,1% de las 370.640 tutelas interpuestas ese año en todo el país, según el informe La tutela y el derecho a la salud publicado por la Defensoría del Pueblo.
Para reforzar su argumento, Ospina precisa: “La atención médica debe configurase en Colombia como una obligación de medio, pero también de resultado. Es decir, es prioridad del médico hacer todo lo que esté en sus manos para salvar la vida de los pacientes, sin embargo y dada las circunstancias ya conocidas como los paseos de la muerte, es necesario que sea una obligación de resultado: salvar la vida”.
Esta iniciativa pretende imponer una pena de dos a cuatro años de condena a quienes se nieguen a prestar dicho servicio, y si como consecuencia de lo anterior sobreviene la muerte del paciente, la condena aumentará de 13 a 25 años de prisión más una multa de 500 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes a la entidad promotora que niegue u omita el suministro de medicamentos, insumos y procedimientos incluidos en el POS.
La propuesta, contenida en un proyecto de ley que será radicado en el Congreso de la República a mediados de este mes, no es nueva, teniendo en cuenta que formó parte del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por la Cámara de Representantes en el último debate surtido la semana pasada, pero que al final fue eliminada del articulado durante la conciliación de la norma por motivos aún desconocidos.
“La propuesta fue negada sin hacer la lectura de la proposición como lo ordena el reglamento interno del Congreso. Por eso, hice la respectiva denuncia ante la Corte Suprema de Justicia porque en este caso se presenta un vicio de procedimiento”, afirmó Ospina.
El médico, una víctima
Al conocer el contenido del proyecto, el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, dijo no estar de acuerdo con éste y anotó que los médicos, enfermeras y personal administrativo son víctimas, como lo son los usuarios. “Los médicos son víctimas, no culpables, de un sistema de salud diseñado para no prestarles el servicio a los usuarios para contener gastos, porque este asunto es visto por las EPS como un negocio y no como un servicio”.
Isaza subraya que las EPS restringen la autonomía médica para imponer sus políticas. Por eso, sostiene que lo adecuado es que la penalización vaya dirigida a los representantes legales de las empresas prestadoras de salud, que encarnan esa política lesiva a los intereses de los pacientes. “Aquí hay que ser más fuertes contra las políticas de esas instituciones y no personalizar en individuos que están limitados en su acción”, reflexiona.
Pero no es el único cuestionamiento. Francisco José Yepes, director de los posgrados de administración de salud pública de la Universidad Javeriana, aunque le de la bienvenida a propuestas de este tipo, pide que el castigo “se dirija a los principales responsables del deterioro que se vive en Colombia en la prestación de los servicios de salud: las EPS, y que esto sirva de llamado de atención acerca de la necesidad urgente de reformar un sistema de salud que ha devenido en un sistema comercial y dejado de lado la salud de los colombianos”
Para Yepes, el ejercicio médico está sometido a las normas éticas (juramento hipocrático) y los profesionales que las infringen deben ser juzgados por los tribunales de ética médica que están establecidos, y no por las normas penales.
Este experto opina, además, que las aseguradoras y algunas prestadoras del servicios abusan en forma continuada negando servicios a los pacientes con la finalidad de mantener y aumentar sus márgenes de rentabilidad.
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS EN EL CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA
UN DOMADOR DEL MIEDO
Las batallas judiciales del abogado Jorge Molano, quien la semana pasada fue reconocido por el Departamento de Estado de Estados Unidos con mención especial a su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.
El abogado Jorge Molano, representante de víctimas en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
A las diez de la mañana del pasado viernes 29 de abril, el abogado Jorge Molano, junto a su colega Germán Romero, en calidad de representantes de las víctimas, se notificaron de una sentencia histórica: una jueza decidió condenar a 35 años de prisión al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por su responsabilidad en el caso de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia.
Un expediente que tiene más de 26 años y que Jorge Molano, de 43 años, conoció cuando era estudiante de derecho en la universidad Externado y hacía parte del grupo de trabajo que formó el penalista José Eduardo Umaña Mendoza: el maestro, abogado y defensor de derechos humanos que abanderó y llevó el proceso de los desaparecidos del Palacio hasta el día de su asesinato, el sábado 18 de abril de 1998.
Quizás por esa razón, para Jorge Molano, quien escogió el mismo camino que Umaña Mendoza como defensor de derechos humanos y representante de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, esta victoria jurídica que logró el pasado viernes tiene un sabor amargo. No fue su maestro, Umaña, quien fue a notificarse del caso que lideró durante una década.
Pero no es el único caso que ha llevado Jorge Molano, en 20 años de trabajo, litigio e investigación judicial. En 1990, laboró para la Liga Internacional por los derechos y la liberación de los pueblos, conocida como La Sección Colombia, y allí conoció a otros dos defensores de derechos humanos que también marcaron su vida: el sacerdote Javier Giraldo y el abogado y escritor Eduardo Umaña Luna.
Cuatro años después se trasladó a Medellín para trabajar con la Corporación Sembrar y la Corporación Jurídica Libertad. Llevó la defensa de varios casos de sindicalistas del Urabá, procesados por el delito de rebelión. Hoy recuerda con tristeza a Ramón Osorio y Eugenio Córdoba, a quienes conoció y defendió en la cárcel, junto con el equipo de la corporación, y después fueron asesinados. A Eugenio lo mataron en Quibdo (Chocó) y a Ramón lo desaparecieron cerca a Medellín. También apoyó el esclarecimiento de la muerte de 16 personas en el municipio de Segovia (Antioquia), en noviembre de 1988.
Luego regresó a Bogotá y se vinculó como asesor jurídico de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y se dedicó de lleno a investigar otra masacre que enlutó la historia del país en los años 80 y sigue impune: la matanza de Trujillo (Valle), en donde proliferaron los asesinatos y las desapariciones. Además ayudó a que muchos testigos declararan y a que otros salieran del país, salvaguardando sus vidas.
Recientemente, en 2005, asumió la investigación del caso Jhony Silva, un estudiante de la Universidad del Valle, que cayó muerto durante una confrontación con el Esmad de la Policía. Jorge Molano y su equipo de trabajo llevaron las pruebas ante la justicia que, según él, en contra de las predicciones probatorias, decidió absolver a los responsables. El caso está ahora en estrados internacionales.
También llevó el caso de la masacre de San José de Apartadó, que sigue sin aclararse desde el 21 de febrero de 2005. Hoy admite que le aterra cómo la sociedad colombiana no se inmutó por la muerte de Santiago, un menor de 18 meses que fue degollado ese día. Su más reciente obsesión es el seguimiento a la sucedido con su amigo Alejandro Uribe Chacón, a quien mataron el 19 de septiembre de 2006, doce días después de que ambos presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, por supuestas persecuciones del Ejército.
Pero está dispuesto a aclarar lo sucedido y frente a las amenazas que ha recibido a lo largo de su vida, admite que ha aprendido a domar el miedo. Lo demás lo asume como parte de su deber. Y precisamente por esta trayectoria incansable, horas antes de conocer la sentencia por los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue notificado de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le otorgó una mención especial del premio “Defensor de los Derechos Humanos 2010”.
Lo recibió como un momento agradable en medio de los interminables obstáculos que ha encontrado para ejercer su labor. En la administración de justicia, en el acoso permanente de quienes persisten en amenazarlo o en el doloroso exilio al que tiene que someter a sus dos hijas para alejarlas de sus enemigos gratuitos. Pero Jorge Molano sigue convencido de que ese es su destino y seguirá aceptándolo, pues como lo dijo algún día Eduardo Umaña, “Es mejor morir por algo que vivir por nada”.
CONDENA DE GENERAL (R) ARIAS CABRALES
VÍCTIMAS DE PALACIO REACCIONAN A CRÍTICAS DE SANTOS
Héctor Jaime Beltrán recordó que el presidente se había comprometido con ellos a no interferir.
Familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia criticaron los señalamientos del presidente Juan Manuel Santos en contra de la condena del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por su responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia.
Héctor Jaime Beltrán, padre de uno de los meseros de la cafetería de su mismo nombre, recordó que el mandatario había sostenido un reunión con los familiares de las personas desaparecidas en la tragedia, comprometiéndose a no interferir en manera alguna frente a las decisiones judiciales que se dieran en ese proceso.
Indicó que la sociedad debe tener claro que ninguna de las personas que ha estado clamando por la verdad de los hechos de ese episodio es enemiga de las Fuerzas Militares; lo único buscan, insistió en diálogo con Radio Caracol, es que se haga justicia por los crímenes de sus hijos.
El jefe del Estado colombiano dijo que era evidente que se había cometido una injusticia con el oficial (r), al declararlo responsable de la desaparición de este grupo de civiles.
CORRUPCIÓN EN LA SALUD
HABRÍA UN 'CARRUSEL' ENTRE FUNCIONARIOS DE MINPROTECCIÓN SOCIAL Y EPS
El presidente Juan Manuel Santos, junto a la fiscal Viviane Morales, dará a conocer detalles de la captura de cerca de 25 funcionarios.
Un nuevo escándalo de corrupción de inmensas dimensiones descubrió el Gobierno Nacional al interior del sistema de salud del país.
El propio presidente Juan Manuel Santos pidió a la Fiscalía General de la Nación la investigación sobre lo que sería un nuevo ‘carrusel’ de reclamaciones a las EPS.
Al parecer, una red de empleados del Ministerio de Protección Social y el Fosiga fraguó cobros ilegales de comisiones a las EPS.
A través de empresas fachadas se habrían perdido del fisco más de $33 mil millones.
De momento se conoce que han sido capturados cerca de 25 funcionarios que están involucrados en ese ‘carrusel’.
El Jefe de Estado dará a conocer más detalles sobre el escándalo. En la rueda de prensa programada por la Casa de Nariño para las 10:30 de la mañana, Santos estará acompañado por los jefes de todos los entes de control.
HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA
SANTOS ROMPIÓ PROMESA DE NO ATACAR LA JUSTICIA, DICE ASONAL
Fabio Hernández rechazó el pronunciamiento del mandatario contra la condena del general (r) Arias.
El asesor jurídico de Asonal Judicial, Fabio Hernández, dijo que el presidente Juan Manuel Santos terminó rompiendo su promesa de no atacar las decisiones de la justicia al expresar su rechazo a la pena de 35 años de cárcel emitida contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por su responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia.
En diálogo con Radio Caracol señaló que el jefe del Gobierno debe respetar la independencia con la que actuó la juez María Cristina Trejos frente a ese caso y que es repudiable el hecho de que Santos no haya seguido con su voluntad de no objetar las determinaciones de los operadores jurídicos.
El líder sindical manifestó que esta sentencia es de gran importancia y que el Gobierno debe guardar mesura frente ese tipo de determinaciones judiciales.
Los señalamientos del primer mandatario de los colombianos se dieron en el mismo sentido de los del expresidente Álvaro Uribe, quien desde Ibagué, Tolima, cuestionó la sentencia.
EL NUEVO SIGLO
CONDENAS POR EL PALACIO DE JUSTICIA
DE nuevo el fantasma del Palacio de Justicia vuelve a estremecer las fibras nacionales con la condena a 35 años de cárcel al general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales. Parece confirmarse, en todos los sentidos, que sí hubo desaparecidos y en un número escandaloso, víctimas civiles, además, que en la gran mayoría de los casos nada tenían que ver con el ataque esquizofrénico del M-19. Es decir, hay ahí un hecho objetivo que ya nadie discute.
El punto está, entonces, en quién y cómo se ordenó el desaparecimiento. Un hecho escabroso que en medio de las tensiones suscitadas por el accionar atroz de las guerrillas, que querían poner contra la pared al Estado y las Fuerzas Armadas, terminó, de un lado, en el rescate de centenares de personas pero también en el sacrificio de decenas de magistrados y ahora, décadas después, en la confirmación de que se habría procedido extrajudicialmente por parte de miembros puntuales de la Fuerza Pública contra “chivos expiatorios” que fueron asesinados con armas del Estado. Es decir, los “falsos positivos” de entonces. Que desde luego no pueden reputarse de orden institucional y sistemática.
Lo que interesa saber particularmente, como se dijo, es quién y cómo se organizó la conjura, inclusive para la aplicación de la actual ley de víctimas. Ante el reto planteado por el M-19, que pretendía el derrumbe súbito de las instituciones de un solo golpe, las Fuerzas Armadas debían responder inmediatamente para reinstaurar la soberanía y el orden público en pleno corazón de la Plaza de Bolívar, con todas las cortes secuestradas.
Si la acción operativa en sí misma ha suscitado o no polémica es otra cosa, pero el deber constitucional y automático era el de actuar porque, de lo contrario, habría sido incurrir en un prevaricato descomunal, en permitir el tránsito del delito a ojos de todo el mundo, y aceptar la impotencia como acicate para los terroristas que, ya está plenamente demostrado, estaban en contacto y financiados por los carteles de la droga en cabeza de Pablo Escobar.